En un juicio oral, la fiscalía de Salta pidió su condena junto a otros cinco concejales. El escándalo por el cobro de la ayuda estatal en esa provincia alcanzó a más de medio centenar de legisladores comunales.
Apenas comenzada la pandemia, en la provincia de Salta, y con el aislamiento obligatorio ya establecido, el Gobierno Nacional creó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para “compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria”.
Pero en Salta medio centenar de funcionarios se anotaron para cobrar este beneficio, lo que derivo en una causa judicial, que tuvo diferentes vertientes: la mayoría de los acusados buscó una solución alternativa para no ser condenados, renunciaron y devolvieron el dinero; otros quedaron sobreseídos porque no llegaron a cobrar, en una decisión apelada ante la Corte Suprema, y otros ocho legisladores comunales llegaron a juicio oral.
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Fuente: infobae.com